Contra el monopolio mediático, por la vigencia inmediata de la Ley 26.522 (nueva Ley de medios).
En octubre del año pasado fue aprobada la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, una nueva Ley de Medios que vino a reemplazar a la ley de Radiodifusión de la dictadura. La vieja ley fue el instrumento legal que –junto a otras medidas de los sucesivos partidos políticos que se alternaron en el gobierno- reforzó la concentración de medios en unos pocos grupos económicos, quienes controlan la producción y distribución de casi toda la información que “consume” la mayoría del pueblo.
Entre estas políticas a favor de la concentración, también debemos mencionar algunas de este gobierno, como por ejemplo la prórroga por 10 años de las licencias, que benefició a los monopolios mediáticos mediante el decreto 527/05, todavía vigente.
La aprobación de la Ley 26.522, que está basada en los 21 puntos impulsados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, es el resultado de un proceso de lucha de muchos años, protagonizado por medios comunitarios y populares de todo el país. Y si bien podría haber sido mejor en muchos aspectos –planteados en foros y otros espacios por varias organizaciones sociales, entre ellos los aportes de la Red Nacional de Medios Alternativos-, su sanción representa un paso adelante en la posibilidad de democratizar la comunicación en nuestro país.
Como decíamos en octubre del año pasado: “consideramos que esta nueva ley puede abrirnos caminos para multiplicar las experiencias de comunicación popular existentes, con medios que amplifiquen las voces de los sectores más postergados, permanentemente silenciados por los medios comerciales; y para seguir planteando otro tipo de políticas públicas de comunicación, con medios del Estado con gestión y participación democrática”. También decíamos que su no aprobación significaría el triunfo de los grupos económicos que se han apropiado de la mayoría de los medios en todos los rincones del país y que la lucha continuaría, también, con la reglamentación y aplicación. Como era de esperar, en este momento la ofensiva de estos monopolios se ha trasladado al plano judicial sin abandonar sus mecanismos de propaganda, y en este marco es que algunos jueces han suspendido su aplicación.
Esta situación es preocupante y muestra en toda su magnitud los intereses en juego. La coalición por una Radiodifusión Democrática, que integran una gran cantidad de organizaciones de distintas orientaciones políticas, ha convocado a una movilización en la ciudad de Buenos Aires el próximo jueves 15 de abril a las 17 hs., desde el Congreso hasta los Tribunales de Plaza Lavalle, para exigir la aplicación inmediata de la ley 26.522.
Desde el Frente Popular Darío Santillán, a pesar de las diferencias que nos puedan separar con muchas de estas organizaciones, adherimos a este pedido, porque esta ley no es de un gobierno, sino el resultado de muchos años de lucha, y su vigencia favorece a las organizaciones populares. Y nos pronunciamos entonces por la plena vigencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y por políticas gubernamentales concretas a favor del desarrollo de los medios comunitarios, sin exclusiones y discriminaciones.
Seguiremos luchando por trabajo, dignidad, cambio social. Contra las políticas antipopulares de cualquier gobierno. Contra el hambre, la precarización y el saqueo de un modelo basado en los bajos salarios y la exportación de nuestros bienes naturales. A favor de la construcción de una alternativa social y política que exprese las demandas populares. Articulando desde las bases un proyecto que tenga en su horizonte una patria verdaderamente libre, justa y soberana, tarea que -a pesar de los festejos del “Bicentenario”- todavía sigue vacante. Y sólo será obra del pueblo organizado, organizándose.
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